CONGA: “…pero a Buenaventura ya nadie le cree”
por Luis Bravo Villarán (28 de Noviembre 2011)
Llegaba acompañando a un amigo a su nutricionista ubicado en un edificio de Chacarilla y de un auto Audi negro de lujo, bajó una dama muy elegante. Yo venía comentando con mi amigo sobre el proyecto Conga, a la vez que entramos con la dama al ascensor; yo le decía que cómo era posible que en Cajamarca se tenga los niveles de pobreza que hay, lo que ha originado que se elija como presidente regional al candidato de Patria Roja. Mencionaba que el consumo y las camionetas que circulan en la ciudad, son de los empleados directos o beneficiarios indirectos de Buenaventura, los que hoy son incluso repudiados por el pueblo… la dama interrvino diciendo: “disculpe que opine, pero a Buenaventura ya nadie le cree”; se abrió el ascensor, se despidió educadamente y entró al consultorio de su dentista. Claro, si vemos los antecedentes de Yanacocha y el agua, y la exposición del señor Roque Benavides el último sábado; ¿cómo creer?.
Ayer otro amigo, que había comentado entre muchos otros mi despacho del 26/11 “Proyecto Minero CONGA; una herencia que puede resultar fatal”, me ha pedido opinión sobre el conflicto técnico-político, lo que no es un asunto fácil; sin embargo, a lo largo del siguiente comentario, ensayaré lo que creo podría ser una solución de compromiso, remarcando que no soy técnico en la materia y no tengo otra información que la que se puede extraer de los medios de comunicación que, aunque abundante puede ser incompleta, por lo que es posible incurra en errores de apreciación.
En primer término y como están las cosas hoy, se quiere precipitar –por ambos lados- al gobierno a tomar una decisión política, que como mencionamos en el despacho anterior, debe equilibrar entre lo legal y lo legítimo; entre la gobernabilidad y las ideologías extremistas (de ambos lados: el de derecha de los “dueños legales” de los yacimientos y el de quienes quieren llevarlo a un gobierno de extrema izquierda), sabiendo que no se puede prescindir de la inversión para avanzar con el desarrollo (con inclusión) en el país y que simplemente decidir por el NO A CONGA, puede hacer correr las inversiones del Perú, bajar su calificación crediticia internacional, en un momento de crisis financiera y económica mundial, que el Perú puede superar por ser precisamente un país al que se están dirigiendo las inversiones, por su privilegiada condición.
Decir SI A CONGA, tampoco es fácil, porque al margen del aprovechamiento político de tendencias ideológicas extremas que quieren arrinconar al presidente Humala (los frentes regionales del norte se unen ???), por la distancia entre su discurso primigenio de campaña y su posición como gobernante hay razones atendibles que llevan a pensar como “la dama del ascensor”.
En efecto, según ha señalado el ministro del ambiente, el EIA de Newmont/ Yanacocha no considera “las micro-cuencas de manera integral”. El Informe de ese ministerio, sostiene que “la evaluación de los humedales -lagunas altoandinas, bofedales- no se ha desarrollado en función a la fragilidad del ecosistema que se pretende intervenir”; y que “la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto por ser una cabecera de cuenca requiere un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado”. De hecho, añade, “no se han realizado estudios que de manera fehaciente demuestren que los depósitos de relaves no producirán filtraciones (…) riesgo potencial, toda vez que en el EIA se confirma la existencia de flujos hídricos subterráneos (…)”. El ministro Giesecke señala la prioritaria necesidad de complementar el estudio.
Se sabe que se proyecta desaparecer las cuatro lagunas y reemplazarlas por reservorios con mayor acumulación de agua, lo que resolvería el tema de disponibilidad de agua para la agricultura y la ganadería. De las cuatro lagunas, sólo dos (Perol y Mala) serán vaciadas para extraer el oro. Las otras dos, Azul y Chica, “serán vaciadas y utilizadas como depósitos de desmontes” (sic)… y posiblemente efluentes contaminantes del proceso minero.
El conflicto generado en el proyecto minero Conga, como dijimos en el despacho anterior, no es de gestión reciente; es una herencia de los gobiernos anteriores (especialmente del de García), que si no se logra manejar con inteligencia, será fatal para la gobernabilidad del país.
Evidentemente este tipo de actividad –la experiencia es elocuente- y cualquier modificación del ecosistema como se plantea, causa impacto ambiental; lo que se evalúa es que este impacto sea el menor posible y que no devenga en un peligro para el ecosistema y la población.
Pienso que lo que procede, es atender la recomendación del ministro del ambiente para complementar el EIA, hacer los reajustes que sean necesarios y la consulta popular definitiva con presencia de expertos auditores internacionales (prescindiendo de las conocidas ONG ambientalistas con sesgo político, que ya tienen currículo en estos quehaceres).
Suponiendo que esos ajustes debidamente evaluados diesen como resultado que el proyecto puede proceder, ello no será suficiente porque mientras tanto, los enardecidos pobladores seguirán siendo azuzados en oposición para cerrar filas y oponerse de todas formas; pues el objetivo de los azuzadores no es que se resuelva el diferendo ambiental a satisfacción, sino que el presidente Humala retroceda y adopte un gobierno consecuente con su discurso primigenio de campaña, que nos llevará –como país- al despeñadero; la crisis internacional penetrará rápidamente y el Perú quedará reducido a un país anárquico y sin salida. Posiblemente Conga terminará como Manhattan que comenzó con incendio del campamento y de las casas prototipos para el nuevo pueblo, todo esto promovido por la protesta “ambientalista”, que hoy permanece en “silencio total” frente a la destrucción ambiental de la minería informal que envenena a Tambo Grande. El tema en Majaz era un tanto distinto; allí jugaron otros intereses que se mantuvieron anónimos.
¿Cómo evitar esto y tener la salida en caso el proyecto deba proceder?; pues con un poco de voluntad de verdadero “desarrollo con inclusión” por parte de los inversionistas, que deben entender que la inclusión social no significa la danza de camionetas 4x4 y el consumismo de una parte de la población favorecida por la actividad minera de Yanacocha. El verdadero “desarrollo con inclusión” se dará cuando más allá de impuestos y canon, se haga efectivamente socios usufructuarios de las utilidades del proyecto en su fase productiva, a los pobladores y agricultores de la zona con un 10 ó 15% de beneficio (como se está tratando de hacer en Puno con especial cuidado del medio ambiente), aplicable a consolidar sus actividades agrícolas y ganaderas con tecnología, integración y mercados para sus productos; para mejorar sus espacios de vida y consolidarlos como participantes de la economía. Entonces los azuzadores se quedarán sin público y se llevará adelante un proyecto con impacto ambiental debidamente amortiguado y con verdadera inclusión social.
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