Capítulo
I
Del
Estado, la Nación y el Territorio
Artículo 43°.- La República del Perú es democrática, social, independiente y
soberana. El Territorio Nacional, que comprende las regiones naturales de la Costa con su Mar Teritorial; la Sierra, la Selva y la Amazonia, conforma la Patria y es patrimonio de la Nación regulándose su gestión con base
a esta Constitución Política.
El
Estado es uno e indivisible.
Su
gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el
principio de la separación de poderes.
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional;
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población
de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación.
Asimismo,
es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover
la integración, particularmente la integración latinoamericana y la integración de los países amazónicos con el fin de preservar
la Amazonia y garantizar su desarrollo sostenible, así como el
desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la
política exterior.
Artículo 45°.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen
con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes
establecen.
Ninguna
persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población
puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o
sedición.
Artículo 46°.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen
funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.
La
población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
Artículo 47°.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los
Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de
gastos judiciales.
Artículo 48°.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde
predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas
aborígenes, según la ley.
Artículo 49°.- La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital
histórica es la ciudad del Cusco.
Son
símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales con los colores
rojo, blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley.
Artículo 50°.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconociendo la tradición
católica de la población, permite a la Iglesia Católica como elemento importante en la
formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.
la libertad de culto, respetando las El Estado respeta otras diversas confesiones y puede establecer formas de
colaboración con ellas repudiando toda tergiversación religiosa encaminada al sometimiento de
nuestras costumbres, libertades y nacionalidad. Las iglesias, no pueden
participar en política, ni pueden ser carga presupuestal para el Estado.
Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las
normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial
para la vigencia de toda norma del Estado.
Artículo 52°.- Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la
República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos,
inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.
Son
asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por
opción, siempre que tengan residencia en el Perú.
Artículo 53°.- La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la
nacionalidad.
La
nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad
peruana.
Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e
inviolable. Comprende el suelo,
el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
El
dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como
su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas
desde las líneas de base que establece la ley.
En
su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio
de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con
los tratados ratificados por el Estado.
El
Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su
territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin
perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con
la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El transporte aéreo en territorio nacional, no
deberá ser de dominio empresarial privado que ejerza una posición dominante de
mercado; promoviéndose la libertad de competencia dentro de las previsiones de
garantía y seguridad señaladas por ley a través de la autoridad
correspondiente.
Capítulo II
De los Tratados
Artículo 55°.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
Artículo 56°.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su
ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las
siguientes materias:
1 - Derechos Humanos, sin sesgos ideológicos
2 - Soberanía, dominio o
integridad del Estado.
3 - Defensa Nacional.
4 - Obligaciones
financieras del Estado.
También
deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o
suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los
que requieren medidas legislativas para su ejecución.
Artículo 57°.- El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o
adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en
materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe
dar cuenta al Congreso.
Cuando
el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo
procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado
por el Presidente de la República.
La denuncia
de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar
cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del
Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste.
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